El ex portavoz del PSOE investigado en el ‘caso Azud’ ingresó 197.000 € en efectivo en 6 años

Rafael Rubio, ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y ex subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad que preside Ximo Puig, ingresó en metálico en las cuentas que comparte con su esposa hasta 197.256 euros entre 2007 y 2012. Así lo refleja un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso Azud.

Rubio y su esposa, Amelia Quintana, eran titulares de 15 cuentas corrientes en cinco entidades bancarias diferentes donde ingresaron dinero en mano 197.ooo euros en un período de seis años (2007 a 2012) y otros 9.200 euros en 2004, 2005, 2006 y 2013. La Guardia Civil investigó estos movimientos de dinero en efectivo porque su procedencia se desconocía: «Únicamente las percepciones derivadas de la actividad laboral y los rendimientos de capital mobiliario figuran en las información aportada por la AEAT, no habiéndose localizado otras actividades, ni en ésta ni en otras fuentes, que pudiesen justificar el abono de cantidades en efectivo ajenas a este patrimonio», según un informe de la UCO de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Azud.

Los agentes también reseñaron que en el formulario de la declaración de la renta el matrimonio reflejaba fielmente los ingresos de sus nóminas provenientes del Ayuntamiento de Valencia, el PSOE y las Cortes Valencianas en el caso de él y sólo las del Ayuntamiento de Valencia en el de ella.

Sin embargo, para los agentes «el aspecto más relevante de cara a la investigación seguida son las imposiciones en efectivo que se llevan a cabo durante el período analizado. Resultan relevantes tanto las cuantías como el análisis global, toda vez que del mismo se evidencia un cambio de dinámica en el año 2007, el cual se prolonga de forma significativa hasta el año 2010 y, residualmente, durante los años 2011 y 2012. Este cambio de dinámica se identifica con un incremento muy significativo tanto en el número de imposiciones (ingresos) en efectivo como en el importe total abonado».

En concreto, en el año 2007 el matrimonio ingresó en efectivo 45.450 euros, 62.791 euros el siguiente año, otros 54.275 euros en 2009, 28.150 en 2010, «sólo» 1.540 en 2011 y 5.050 euros en el año 2012. En esos años, se hicieron 77 ingresos en efectivo que oscilaron entre los 2.000 y 3.000 euros. «Durante el mismo día o días consecutivos se ingresan cuantías menores de 3.000 euros en diferentes cuentas bancarias que, en suma, superan esa cantidad. Durante días consecutivos o muy cercanos en el tiempo se ingresan en una misma cuenta bancaria importes inferiores a 3.000 euros que superan esa cantidad», escriben los investigadores en el informe que le entregaron a la jueza del caso Azud.

«Con respecto a las disposiciones de efectivo, la dinámica general que parece desprenderse del análisis de las cuentas bancarias (…) es que muchos de los gastos corrientes del núcleo familiar habrían sido sufragados con disposiciones en efectivo (…)», refleja el informe del Grupo de Delincuencia Económica 3 de la UCO de la Guardia Civil, que trata de establecer el origen de tanto dinero en metálico.

Rafael Rubio fue detenido en mayo de 2021, acusado de recibir una comisión de 300.000 euros del empresario Jaime María Febrer Rovira, del Grupo Axis, principal implicado en el caso Azud. Entre los informes realizados a Rubio destacaba una factura con la anotación a bolígrafo «300.000 euros a R.R.», presuntamente efectuada por Febrer.

Los agentes sitúan estas facturas tras las reuniones mantenidas en septiembre de 2005 entre el empresario Jaime María Febrer y los socialistas José Luis Vera, abogado, ex magistrado y ex alto cargo del PSOE; José María Cataluña, responsable de finanzas del PSPV; y Rafael Rubio, la voz de los socialistas en el consistorio valenciano. Todos están imputados en el caso Azud.

En dicha reunión, según las investigaciones de la Guardia Civil, se habría comprado supuestamente el silencio del entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, que acababa de denunciar públicamente en la prensa un pelotazo de la empresa Construcciones Valencia Constitución, del empresario Febrer, presunto cabecilla de la trama del caso Azud.

Tanta actividad mediática del socialista Rubio generó inquietud en el empresario Febrer del Grupo Axis, que pretendía que sus negocios urbanísticos no protagonizaran escándalos. «No quería que aparecieran en prensa informaciones de sus actividades», según el auto de la juez que realiza la investigación. Además, la Fiscalía Anticorrupción va más allá y sospecha que el socialista Rubio habría recibido sobornos que oscilan entre 300.000 y 750.000 euros en metálico. La cifra definitiva aún está por determinar. Nada más producirse la detención de Rubio la delegada del Gobierno en Valencia anunciaba su destitución como subdelegado.

Un informe realizado por la UCO de la Guardia Civil explicaba que «a juicio policial, del análisis conjunto de todas ellas se evidencia, por un lado, la existencia de una serie de cantidades monetarias contabilizadas como gastos que, indiciariamente, se corresponderían con comisiones de naturaleza ilícita y, por otro lado, quiénes serían los aparentes destinatarios de esta serie de comisiones; entre los que se encontraría Rafael Rubio Martínez».

En la macrocausa Azud se investigan los presuntos pagos y cobros irregulares a cambio de supuestos favores urbanísticos. Inicialmente, en el entorno del Ayuntamiento de Valencia, pero también hay otros municipios y comunidades supuestamente afectados. El principal imputado de la trama es el empresario Jaime Febrer, en cuya defensa participa el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas, el abogado Manuel Mata, quien recientemente dejó su cargo en las Cortes.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo, en el marco de este caso en mayo de 2021, al entonces subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la hija de éste; al empresario Jaime María Febrer; al jefe de los servicios jurídicos de la empresa Divalterra, José Luis Vera, así como a diez personas más en la segunda fase policial del caso Azud, donde como principal investigado se encuentra el cuñado de Barberá, José María Corbín, y toda su familia, incluida la hermana de la ex alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá.